La Junta aprueba las condiciones para cazar lobos en Cabrera

El plan de aprovechamientos comarcales establece la muerte de 53 ejemplares en nueve comarcas leonesas, cuatro de ellos en Cabrera, lo que ha suscitado las críticas de los colectivos ecologistas que califican la normativa de «indecente y delictiva»

Tres ejemplares de lobo ibérico.

Tres ejemplares de lobo ibérico.

Más de 50 lobos en León, 40 en Zamora, 30 en Palencia, 15 en Burgos y 5 en Valladolid. Ese es el número de ejemplares de este depredador que la Junta de Castilla y León ha autorizado su caza, hasta 143 en esta comunidad, aunque establece una serie de condiciones que se deben cumplir. Del cupo de los 53 cánidos autorizados para ser cazados en la provincia de León la normativa limita su caza a nueve comarcas leonesas, lo que sitúa a este territorio en el que más lobos permite cazar en el lado norte del río Duero.

De este modo, la Junta permitirá dar caza a 4 lobos en la comarca de Cabrera, 17 ejemplares en Mampodre y Riaño y 5 más en los cotos de la considerada Montaña riañesa. Otros 6 en Ancares y otros tantos en Astorga y La Bañeza; También podrán cazar 4 en el Bierzo, La Montaña de Luna y Tierras de León. Y sólo 3 en el Páramo, Esla-Campos y Sahagún.

Por otra parte, al sur de la sierra de Cabrera, en la provincia de Zamora se podrán cazar un máximo de 40 lobos en las comarcas de Aliste, La Culebra, Sanabria, Benavente-Los Valles y Campos-Pan.

Condiciones, precintos y monterías

El Plan de Aprovechamientos Comarcales publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), establece para las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019 el mismo cupo de caza, el mencionado de 143 cánidos, en el norte del Duero, el mismo número de ejemplares que en 2015.

Los cupos comarcales se repartirán entre los distintos terrenos cinegéticos que tengan autorizado el aprovechamiento de lobo por las correspondientes resoluciones de aprobación de sus planes cinegéticos y se tendrá en cuenta la consecución de los objetivos de minorización de daños y máxima oportunidad y posibilidad de ejecución de los cupos.

Así, desde el 1 de septiembre hasta el 24 del mismo mes únicamente se permitirá la caza a rececho o aguardo-espera; mientras que a partir de ese día y hasta febrero, lo será en todas sus modalidades, tal y como establece la orden anual de caza de este año.

La resolución aprobada por la Junta insta a los cazadores que organicen monterías o en la modalidad de gancho-batida que tomen las medidas oportunas que garanticen que únicamente se abatan, como máximo, el mismo número de animales que el de precintos disponibles para esta especie.

Críticas al aprovechamiento cinegético del lobo

El texto de la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León defiende que la consideración del lobo como especie cinegética es «la mejor herramienta para su adecuada regulación poblacional». Teniendo en cuenta que las áreas de campeo de las manadas «superan con carácter general el ámbito de un terreno cinegético concreto», defiende la «comarcalización del territorio» a la hora de fijar los cupos de captura en función del número de manadas, además de otros factores.

Sin embargo, esta normativa no ha sido bien recibida por las organizaciones conservacionistas y, de hecho, Luis Miguel Domínguez, director de la asociación Lobo Marley, la califica de «indecente y delictiva» porque «bajo la excusa de controlar la población se esconde la intención de diezmar la especie».

Menos lobos y caza ilegal

Domínguez asegura que «más del 50 % de la población de lobos que serán muertos en Castilla y León vienen de Portugal», donde no sólo es una especie protegida sino que el gobierno luso recibe «ayudas importantes de Bruselas» para su conservación. Teniendo en cuenta que «este animal puede recorrer más de 100 kilómetros en una noche, es fácil que varios ejemplares pasen la frontera» y, si son abatidos en España, «se estaría actuando en contra de la ley, de su conservación y de lo que quiere Bruselas».

El fundador de Lobo Marley afirma que esta especie «no es un problema para la ganadería, ya que en Zamora, donde más ovejas y más lobos hay en España, es donde menos ataques se dan: un 0,7 % de la cabaña ganadera, no llegan ni al uno por ciento». Aunque no existe un censo nacional actualizado y consensuado acerca del número real de lobos y de manadas, pese a la reiterada demanda de las organizaciones ecologistas, el gobierno de Castilla y León elaboró uno «de forma unilateral que dice que son más de 2.000», pero Domínguez cree que en realidad sobreviven unos 1.500 ejemplares. Este censo autonómico «no es objetivo ni verificable externamente y tampoco está sujeto a estándares científicos e internacionales», añade el licenciado en Ciencias Ambientales y especialista en Gestión Medioambiental Jorge Echegaray, quien ha colaborado con organizaciones como Ecologistas en Acción.

En su opinión, la Junta de Castilla y León «no está teniendo en cuenta el papel ecológico del lobo. Los grandes carnívoros no deben ser objeto de caza, porque su existencia afecta a la salud ambiental y por tanto a los bienes públicos». Echegaray recuerda que la normativa oficial que contempla el control de ejemplares al norte del Duero ha sido «ampliamente judicializada y ganada por organizaciones ecologistas, razón que puede estar detrás del hecho de que la disposición sea ahora por tres años en lugar de anual como sucedía antes». Además, a los 143 ejemplares permitidos para la caza, hay que sumar «los que maten los agentes forestales o los celadores por daños a la ganadería, una cifra que está en torno al medio centenar más», así como los abatidos ilegalmente, ya que «se calcula que por cada lobo que se mata legalmente, caen 6 sin permiso». Según este experto, entre 2008 y 2014 han sido abatidos un total de 944 ejemplares, de los cuales 333 por cazadores legales en las primeras seis temporadas. «En los últimos 26 años sólo se han detectado tres nuevas manadas», por lo que insta a buscar medidas de recuperación de la especie que excluyan la caza.

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